Vanesa Fernández Escudero, Abogada
El diario económico Cinco Días, perteneciente al grupo PRISA, ha contado con la opinión de Vanesa Fernández Escudero para analizar uno de los asuntos jurídicos más relevantes del momento en materia de fraude bancario: la futura sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la responsabilidad de las entidades financieras frente a las ciberestafas.
En el reportaje, titulado «La banca, pendiente del fallo europeo que puede cambiar las reglas del juego sobre quién paga las ciberestafas», se analiza cómo una futura resolución del TJUE podría modificar profundamente la forma en que se gestionan las reclamaciones por fraudes bancarios en toda la Unión Europea.
Cinco Días recoge el análisis de Vanesa Fernández
En la información publicada por Cinco Días, Vanesa Fernández explica que el criterio adelantado por el Abogado General del TJUE podría suponer un cambio radical en la protección de las víctimas de fraude bancario. Según esta interpretación, las entidades financieras estarían obligadas a devolver de forma inmediata el dinero sustraído mediante operaciones no autorizadas y solo después podrían discutir judicialmente si existió una conducta gravemente negligente por parte del cliente.
Como señala Vanesa Fernández en el reportaje, este planteamiento invertiría la situación actual, en la que con frecuencia son los consumidores quienes deben iniciar largos procedimientos para recuperar su dinero tras haber sido víctimas de una estafa.
Un posible cambio de las reglas del juego
La cuestión que actualmente analiza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea surge a raíz de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal polaco. El debate jurídico se centra en determinar si una entidad financiera puede negarse a devolver inmediatamente el importe de una operación fraudulenta alegando una posible negligencia grave del usuario.
Las conclusiones del Abogado General apuntan a que la normativa europea de servicios de pago exige el reembolso inmediato de las operaciones no autorizadas, dejando para una fase posterior la discusión sobre quién debe asumir finalmente la pérdida económica.
Si el TJUE confirma esta interpretación, las entidades financieras tendrían que asumir inicialmente el impacto económico del fraude y, posteriormente, acreditar la existencia de fraude o negligencia grave para reclamar esas cantidades al cliente.
Más protección para las víctimas de ciberfraudes
La posible sentencia del TJUE reforzaría la línea ya marcada por la reciente jurisprudencia española, que exige a los bancos acreditar de forma rigurosa la existencia de una negligencia grave por parte del usuario y recuerda que la mera utilización de credenciales válidas no implica necesariamente que exista una autorización consciente de la operación.
Además, este criterio podría incentivar a las entidades financieras a reforzar sus sistemas de prevención y detección del fraude, trasladando el foco desde la conducta de la víctima hacia la eficacia de los mecanismos de seguridad implantados por los propios bancos.
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