Vanesa Fernández Escudero, Abogada

RESUMEN: La litigación masiva se ha convertido en un fenómeno desafiante en el panorama judicial español, trascendiendo los litigios de consumo para impactar de manera transversal en la sostenibilidad y eficiencia del sistema de justicia. Este artículo aborda, desde una perspectiva eminentemente práctica y dirigida a la abogacía, los límites jurídicos y éticos de la estrategia procesal en contextos de litigación en masa. Se analizan los fundamentos normativos y jurisprudenciales que rigen la buena fe procesal y el abuso de derecho, así como la reciente evolución legislativa que refuerza la obligación de acudir a medios alternativos de solución de controversias y la protección del sistema judicial. Se pretende ofrecer a los profesionales del Derecho herramientas para identificar los riesgos y adoptar estrategias que concilien la defensa legítima de los intereses del cliente con el respeto a los principios de buena fe y eficiencia procesal.

PALABRAS CLAVE: abuso de derecho; abuso del servicio público de justicia; buena fe procesal; costas procesales; responsabilidad civil del abogado; métodos alternativos de solución de controversias.

SUMARIO

• Introducción
• Marco normativo
  1. La buena fe procesal
  2. Abuso de derecho
• Abuso del servicio público de Justicia
  1. Evolución normativa reciente
  2. Alcance del abuso del servicio público de Justicia
  3. Consecuencias del abuso del servicio público de Justicia
  4. Relación con los MASC y las costas
• Implicaciones prácticas para la Abogacía
  1. Responsabilidad civil del profesional
  2. Límites estratégicos y riesgos
• Conclusiones

1. Introducción

En un contexto donde la saturación de los tribunales es una realidad cotidiana, la litigación masiva ya no es un fenómeno ajeno ni exclusivo de pleitos de consumo y/o bancario, sino que afecta a cualquier abogado que gestione reclamaciones repetitivas, demandas en serie o conflictos con potencial de acumulación.

Ignorar los riesgos y las obligaciones que conlleva esta práctica puede suponer no solo un perjuicio para el cliente, sino también un serio riesgo profesional y económico para el propio letrado.

La reciente evolución normativa ha elevado el listón de la diligencia exigible, imponiendo límites claros a la estrategia procesal y reforzando la exigencia de buena fe, eficiencia y uso responsable del proceso.

Este artículo pretende ofrecer una guía para que el abogado conozca los nuevos riesgos, las consecuencias de incurrir en abuso del servicio público de justicia y, sobre todo, las claves para adaptar su actuación profesional a un entorno cada vez más exigente.

2. Marco normativo

2.1. La buena fe procesal

El principio de buena fe es uno de los pilares del derecho civil español, consagrado en el artículo 7.1 del Código Civil y en el artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Ambos preceptos garantizan que la actuación de las partes se ajuste a estándares éticos, prohibiendo conductas abusivas o fraudulentas.

La buena fe procesal exige que todos los intervinientes actúen conforme a la lealtad, preservando la integridad del proceso judicial.

El tribunal tiene la facultad de rechazar actuaciones abusivas y sancionar conductas desleales.

2.2. Abuso de derecho

El abuso de derecho se configura como el ejercicio de un derecho de forma antisocial o contraria a la buena fe, causando daño injustificado a terceros.

• Ejercicio formalmente legal
• Daño a un tercero
• Conducta antisocial o inmoral

En el ámbito procesal se manifiesta en demandas temerarias o uso indebido del proceso judicial.

3. Abuso del servicio público de Justicia

3.1. Evolución normativa reciente

Se trata del uso indebido del sistema judicial que afecta a su sostenibilidad y eficiencia, reforzado por la Ley Orgánica 1/2025.

Este concepto amplía el abuso tradicional hacia un enfoque estructural y colectivo.

3.2. Alcance del abuso

Abarca tanto el ejercicio de acciones judiciales como la oposición a las mismas cuando se actúa contra la buena fe.

3.3. Consecuencias

• Inadmisión de pretensiones
• Sanciones económicas
• Responsabilidad indemnizatoria
• Impacto en costas
• Medidas correctoras

3.4. Relación con los MASC

Se refuerza la obligación de acudir a mecanismos alternativos antes de acudir a la vía judicial.

4. Implicaciones prácticas para la Abogacía

4.1. Responsabilidad civil del profesional

La jurisprudencia reciente demuestra que el uso abusivo del proceso puede generar responsabilidad civil del abogado.

4.2. Límites estratégicos y riesgos

• Evitar fragmentar demandas sin justificación
• Documentar decisiones estratégicas
• Valorar acumulación de acciones
• Revisar estrategias en litigación masiva

El incumplimiento puede implicar sanciones económicas, responsabilidad civil y riesgos reputacionales.

5. Conclusiones

El abuso del servicio público de justicia exige equilibrar la defensa del cliente con la sostenibilidad del sistema judicial.

La abogacía debe asumir un papel activo en la garantía de la buena fe procesal.

Bibliografía

• Jesús Sánchez García (2026)
• Diego Fierro Rodríguez (2026)
• Antonio García Martínez (2025)
• Sentencia 4/2026 Tribunal de Instancia de Palencia